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Un juez resolvió este domingo enviar a prisión preventiva a seis policías y otros tantos civiles detenidos el viernes en una operación antinarcóticos que desbarató una red de tráfico aéreo de cocaína entre Bolivia y Paraguay, desde donde la droga era enviada por tierra hasta Brasil.
A todos los implicados la fiscalía paraguaya les atribuyó los delitos de tráfico internacional, comercialización y posesión de droga, así como extorsión agravada y facilitación de servicios para el narcotráfico. Los seis agentes fueron imputados además por la omisión de comunicar un hecho punible.
Las detenciones se produjeron el pasado viernes en el transcurso del operativo «Sword» (Espada), durante el que se allanó una pista clandestina ubicada en la localidad de Hugua Guazu, departamento de San Pedro (este), de Paraguay en el momento en el que aterrizó una avioneta, pilotada por un ciudadano boliviano, cargada con 302 kilos de cocaína.
Por disposición judicial, los agentes guardarán reclusión en el cuartel policial de la Agrupación Especializada de Asunción, mientras que los civiles serán enviados a una prisión común, según publicaron los medios locales.
Los policías detenidos, que permanecían en la pista clandestina esperando el aterrizaje de la aeronave, abrieron fuego contra los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que allanaron el lugar, según la versión fiscal.
La implicación de los agentes provocó ese día la separación de su cargo del director departamental de la Policía Nacional en San Pedro, el comisario Cristino Aranda, responsable de esos policías.
En el operativo, desarrollado tras una investigación iniciada en marzo, las autoridades se incautaron además de armas de gran calibre y de varios vehículos que serían utilizados para transportar la droga por vía terrestre.
Las pesquisas señalan que la droga, tras llegar a Paraguay por vía aérea, era distribuida después por tierra a distintas ciudades brasileñas.
Paraguay se convirtió en una ruta de transformación de la coca boliviana en cocaína para su venta en Brasil, Argentina y otros países, con la implantación de laboratorios clandestinos en su territorio, según las autoridades.
